ARMAS
LETALES EN PANAMÁ
Gilberto Marulanda
gilbertomarulanda@hotmail.com
Docente e investigador Universitario
La Constitución Política de la República de Panamá es clara en su Titulo III, Capitulo 1°, Artículo 17, al señalar:
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde
quiera se encuentren...” por ello considero que son desafortunadas las palabras del administrador de la Autoridad
de la Región Interoceánica (ARI) Alfredo Arias, al responsabilizar a Sabino Rivera (q.e.p.d.) de su propia muerte al “no respetar los letreros que advierten sobre
el peligro que existe en los antiguos polígonos de tiro”de Piña, el martes 29 de junio. (Ver: “Mortero mata a un hombre en Colón” e “Imprudencia costó la vida a colonense”,
La Prensa, jueves 1 de julio 2004).
Debemos entender que para nuestras autoridades nacionales un letrero de restricción de paso es suficiente para
cubrir su responsabilidad constitucional de proteger a los panameños de los centenares o miles de explosivos y contaminantes que yacen en los antiguos sitios de defensa militar estadounidenses. Muy fácil es culpar al difunto de su deceso en vez de mirar la causa
real de este accidente, la cual esta relacionada con el grave problema de la contaminación por municiones vivas y armas
químicas dejadas atrás por sus antiguos inquilinos quienes usan todo tipo de subterfugios para evadir su responsabilidad de
limpiar lo ensuciado en casa ajena.
Sustentar que el humilde panameño Sabino Rivera murió por su “imprudencia”,
es una fácil salida para quienes aplican el popular refrán “la soga revienta por lo más delgado”, es decir buscan el culpable entre los inocentes. Dudo mucho que los nueve hijos y demás dolientes
de Sabino, quien fue descuartizado por un mortero asesino marca USA ARMY en la
provincia atlántica de Colón, tengan la capacidad material para hacer frente
a algún tipo de reclamo de indemnización nacional o internacional. Es aquí en
donde debe intervenir el Estado.
El excanciller Juan Antonio Tack, es de la opinión que: “En casos de reclamos o controversias por
hechos de gravedad o incidentes muy particulares con otra nación el Estado panameño tiene varios recursos a interponer, en primer lugar ante la Embajada del país respectivo o directamente con su
gobierno, en segundo plano y a falta
de acuerdos bilaterales, tiene el derecho a recurrir ante los organismos internacionales tales como la Organización
para la prohibición de Armas Químicas (OPAQ),Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas
(ONU) entre otras...”.
Esta
tragedia no es un accidente aislado ya que en las últimas décadas se han registrado
heridos, lisiados y más de 21 víctimas fatales por encuentros no previstos con municiones vivas dejadas por las tropas
del Ejército Estadounidense, el cual ocupó la antigua Zona del Canal y otros lugares del país durante el siglo pasado, esto
sin mencionar los graves daños a la ecología, pérdidas económicas por la desvalorización de miles de hectáreas de tierras
revertidas y el latente peligro contra la seguridad colectiva al haberse detectado armas químicas y explosivos de alto poder
ubicados tanto en la isla San José como en Isla Iguana.
En pleno
Centenario de la República es menester que nuestras autoridades gubernamentales cumplan la ley, colocándose pantalones largos
ante eventos como estos, que aunque se vean implicadas grandes potencias, es
su deber exigir compensación y respuestas efectivas que vayan en beneficio de
los ciudadanos. Así lo hacen los estadounidenses con sus nacionales, protegiéndolos en cualquier parte del mundo: velan por
la salud y seguridad de los suyos. ¿Por qué no intentar hacer con los nuestros lo propio?, ¿o es qué la elite político –
económica que nos gobierna nos considera ciudadanos de segunda o tercera categoría, o simplemente seguirán la política exterior
del Yes Man?.
Quedan abiertas las interrogantes ¿Qué hará la Cancillería de la República en defensa de la familia Rivera y las demás víctimas?, ¿Cuáles mediadas, adicionales a letreros se tomarán para minimizar
el número de víctimas en estos campos de muerte?, ¿Cuándo se limpiarán definitivamente las casi 21, 929 hectáreas afectadas
por estos contaminantes?. Esperaremos sus respuestas.
