Ampliación... ¿para quiénes?
Estoy de acuerdo con este mega proyecto, siempre y cuando no afecte a la población, al medio ambiente y a los intereses económicos de Panamá

La ampliación del Canal de panamá, mediante la construcción de un nuevo juego de esclusas, representa para la nación panameña una de las decisiones más trascendentales de su historia; pese a ello, quienes la propician y visualizan son los interesados en preservar la vía acuática como medio por el cual la flota marítima mundial acrecienta los márgenes de ganancias económicas derivados de los negocios del trasporte marítimo; adicional a los proponentes nacionales vinculados a transnacionales y empresas a nivel local que se interesan en este proyecto que suman varios centenares de millones de dólares. Es así como todos los istmeños hemos escuchado y visto estudios sobre la necesidad de la ampliación del Canal, donde los ejecutivos y asesores de la vía acuática panameña concluyen en que es impostergable la obra, de la cual, según éstos depende el futuro del país.

En este contexto, quedan abiertas las interrogantes, ¿es la Autoridad del Canal de Panamá una agencia estatal al servicio de las navieras e intereses de las potencias marítimas del mundo? O en primer orden, ¿es la ACP una empresa al servicio de la república de Panamá? Si la segunda interrogante resulta favorecida, debemos tomar en cuenta el impacto económico, social y ecológico de la construcción del tercer juego de esclusas y del sistema de embalses o represas que inundarán miles de hectáreas de bosques, que desarraigará a miles de campesinos, que endeudará a las próximas generaciones de panameños y que afianzará mucho más la función transitista y de servicios del istmo, lo que no le ha hecho ningún favor a nuestro desarrollo agrícola e industrial.

Quedan preguntas pendientes de respuestas, las que necesitan ser aclaradas por parte de la Autoridad del Canal y del Gobierno. Entre estas interrogantes tenemos: ¿quiénes pagarán los 10 mil millones de dólares o más que cuesta el proyecto de ampliación?, ¿cuáles serán las consecuencias medio ambientales que traerán consigo las inundaciones para la vida silvestre y el clima?, ¿qué impacto tendrá el desplazamiento de los pobladores de los sitios a inundar?, ¿qué participación tendrán los clientes del Canal de Panamá en el financiamiento de la obra y, muy particularmente, Estados Unidos de América? No olvidemos que este país es directamente beneficiado por las ventajas que posee como garante del tratado concerniente a la neutralidad permanente y del funcionamiento del Canal de Panamá, el cual, según opinión del propio Omar Torrijos, nos colocó bajo el paraguas del Pentágono.

La Cartilla número 4, publicada por la Pastoral Social-Cáritas Panamá en junio del año pasado, bajo el título ¿Qué consecuencias traerán los embalses?, calcula en 35 mil los afectados por las inundaciones, mientras que la ACP considera que tan solo serán 8 mil 500 los afectados, tomando como fuente los censos nacionales del año 2000, los cuales desestima la Pastoral Social-Cáritas por el alto porcentaje de no censados en la región.

Con relación a los efectos sobre el medio ambiente, el documento citado nos habla de un aproximado de 80 mil hectáreas afectadas, considerando las áreas sumergidas, construcciones de hidroeléctricas, caminos, torres de transmisión eléctrica, sitios de depósitos de materiales, trayecto de canales y túneles, etc. Esta situación afectaría, de seguro, el equilibrio natural de toda la región, sobre todo el Corredor Biológico Mesoamericano, un frágil sistema ecológico que incluye a siete países centroamericanos y cuya atención por parte de los científicos es considerable por su gran diversidad biológica. Adicional a esto, tenemos las posibles alteraciones climáticas y la afectación de la propia cuenca del Canal.

En torno al impacto económico, provocado por la deuda que adquirirá el Estado panameño para financiar esta obra, es preocupante que se sugiera el autofinanciamiento con los ingresos del Canal, ya que será el pueblo quien al final pagará con creces el costo, al verse afectados los ingresos al fisco por parte de la Autoridad del Canal de Panamá ante semejante compromiso con las entidades de crédito internacionales.

Concluyo pues, que estoy de acuerdo con este mega proyecto, siempre y cuando no afecte a la población, al medio ambiente y a los intereses económicos de Panamá. Mientras tanto, el Estado panameño debe iniciar gestiones internas para definir una política con relación a la renegociación o la anulación del tratado concerniente a la neutralidad permanente y del funcionamiento del Canal de Panamá, el cual no tiene fecha de vencimiento y gravita sobre el Canal y toda la República, afectando por supuesto al nuevo Canal ampliado y del cual pretenden seguir beneficiándose, sin mayor sacrificio y hasta poner en riesgo nuestra propia seguridad. Ante este panorama es pertinente relacionar toda gestión de ampliación del Canal con el tema de neutralidad, la que debe transformarse de una neutralidad del Canal tutelada por Estados Unidos, a una neutralidad de toda la República, tal como los casos de Suiza y Austria.

Gilberto Marulanda
gilbertomarulanda@hotmail.com

El autor es docente e investigador