El día martes 20 de enero de 2004, a las 5:00 p.m. vi dar su opinión, en una entrevista de noticias, al empresario y político Eduardo Vallarino en medio de un conflicto que tiene su inversión de Proyecto Hidroeléctrico en Río Cobre, Veraguas, y las comunidades que habitan la región, las cuales se oponen a que les quiten sus tierras de cultivo y vivienda.  En esta entrevista, donde le hacían contraparte dos afectados, el Sr. Vallarino en tono altanero dijo "ya en Veraguas mataron a un cura por estos problemas".

Aquella frase sonó a amenaza, todos sabemos que el cura muerto en Veraguas por estar en "problemas" fue Héctor Jesús Gallego, de origen colombiano, asesinado durante la dictadura militar en 1971.  Gallegos entró a evangelizar a los campesinos del Norte de la provincia de Veraguas, con centro en el distrito de Santa Fe, y desarrolló la organización de comunidades eclesiales de base, la primera en la provincia, este movimiento campesino empezó desde 1969 a reclamar sus reivindicaciones por mejores condiciones de vida en la región, dominada por familias ricas como Vernaza, Giraud y otras fundadoras en 1980 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al calor del régimen militar.

En su momento, estas familias entraron en pugna con la organización campesina de la región, pues esta lucha del campesinado era un ejemplo a las demás poblaciones rurales del país, y precisamente por ser ejemplo había que eliminarlo antes de que fuera más peligroso para la "Democracia de Ricos" que viene dominando los últimos 100 años al país y decidieron con la Guardia Nacional desaparecer al cura Héctor Gallegos.

Esa es la historia.  Pero Gallegos dejó sembrada la semilla de vida que se ha venido esparciendo todos estos años; ahora en boca del empresario Eduardo Vallarino, nos lo hace recordar con su amenaza.  Y esta amenaza no ha sido la única, recordemos ya las acusaciones del Ministro de Gobierno y Justicia, en años pasados al cura José Laín, del distrito de Tolé, región rural que se mantiene opuesta a proyectos hidroeléctricos sobre el río Tabasará;         recordemos recientemente los intentos de expulsión, por parte de la Seguridad del Estado contra el religioso español Francisco Aperador, bajo la acusación de no estar cumpliendo su labor religiosa, esta es una amenaza eminente, pues la seguridad del estado no es la que determina si un religioso cumple o no su labor evangélica sino la institución de la cual Aperador es parte.

La destrucción del Estado de Derecho, al violentar las garantías constitucionales básicas de los sectores populares por parte de la clase empresarial y sus etiquetas partidistas ha venido a ser una moda de los últimos años de neoliberalismo después de la Invasión Norteamericana de 1989; pues antes los derechos los violentaba directamente el mando militar; hoy las mismas autoridades civiles que gobiernan con los partidos políticos, quienes tienen el poder de Estado absoluto en sus manos al servicio de sus propietarios, los grandes empresarios.  Pero ese poder absoluto al encontrar la resistencia de las clases populares, campesinos y trabajadores en general, que se resisten a las medidas económicas y políticas que empobrecen más, entonces, violentan la ley que ellos dicen defender: o hacen nuevas leyes que les sirve a sus intereses, para imponer su voluntad.  Sin embargo, cuando la clase popular hace una fuerte resistencia, el gran poder pasa abiertamente a la intimidación contra los organizaciones populares.

Hoy, es evidente que el poder dominante político y empresarial no ha podido doblegar a las organizaciones populares y proceden entonces, a las amenazas: eso significa las palabras de Don Eduardo Vallarino.