El dirigente popular veraguense Juan Ramón Herrera dijo PanamaRed que el hecho de que la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, pidiera a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar nulo el contrato suscrito entre el municipio de San Miguelito y la empresa  Vida y Salud (REVISALUD), que se encarga de la recolección de la basura en ese distrito, es un precedente jurídico concreto para el caso de privatización del servicio de aseo en el distrito de Santiago, y eso prueba que las advertencias hechas por la Coordinadora de Comités Para la Defensa de la Comunidad de Santiago y su reclamo de ilegalidad del contrato dado a la empresa CREDESOL SA tiene un fundamento, y que por tanto el recurso de nulidad interpuesto en la corte suprema por su organización debe prosperar ahora con mayor fundamento.

La Contraloría había interpuesto ante la CSJ una demanda de nulidad, por ilegal, contra los numerales 1, 3, 4 y 7 de la cláusula 4 del mencionado contrato, firmado por ambas partes el 18 de enero del 2001 y refrendado por el contralor general, Alvin Weeden, el 26 de abril del 2001.

Al respecto, la Sala Tercera solicitó la opinión de la Procuradora, quien considera que no se debe admitir el desistimiento presentado por la contraloría y recomienda la nulidad de la cláusula y todo el contrato.

No obstante, la contraloría señala que al refrendar el contrato no se percató del contenido del documento que rebasa la letra, el espíritu y el alcance de las leyes de contratación pública.

La procuradora sostiene que es lamentable que la Contraloría haya refrendado el contrato sin percatarse del contenido de la cláusula y mayormente censurable que no haya advertido la prescindencia absoluta del procedimiento de contrataciones públicas.