Después de 1989, tras la Invasión de E. U. a Panamá, los últimas tres periodos de gobierno oligárquico-burgués han venido aflorando en sus discursos no la Reforma Agraria, sino la legalización privada de la tenencia de la tierra través de un Programa Nacional de Titulación Masiva de Tierra ¿Y porque esto?:

A mediados de los años ochenta, desde las dos agencias Imperiales: Banco Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo, los pensadores del Capitalismo, desarrollaron el concepto de Ecología de Mercado, el cual les permite un nuevo ropaje para apropiarse de los recursos naturales del planeta, que no es más que la faceta del Neoliberalismo en materia de Medio Ambiente.

La Ecología de Mercado o doctrina Imperial del Saqueo de Recursos Naturales expone que privatizando la tierra, todos los recursos naturales, estos se protegen mejor de la destrucción, por eso es menester promover la privatización de todos los recursos naturales. Esto es claramente expuesto por el teórico Neoliberal Luis Larrain quien dice que numerosos ejemplos demuestran que precisamente allí donde estaban bien definidos los derechos de propiedad es donde mejor se cuida el ambiente. Por contraste, cuando se trata de recursos de propiedad común se presentan los más graves casos de deterioro ambiental (LUIS LARRAIN, Ecología de Mercado). Es decir, la Ecología de Mercado busca la mercantilización de la naturaleza.

De modo que los Programas de Titulación Masiva de tierras en la región son parte de la concreción de esta doctrina, a través de ellos estas entidades financieras imperiales hacen un inventario de recursos naturales y sociales que posee los países empobrecidos para el desarrollo de inversiones de las Empresas de los países dueños de estas entidades y socios de burguesías locales, así como proyectos macro regionales como TLCes, Plan Puebla Panamá, entre otros.

En Panamá desde el 10 de 2001 el BID (luego en gestión con el BM) empezó a desarrollar el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) con el PN-0148, y como organismos ejecutores del Gobierno Panameño el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales y Dirección de Política Social; Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Gobiernos Locales; y el Registro Público. El Plan de financiamiento sumaron unos 31 millones inicialmente.

Situación de la Tenencia de la Tierra en Panamá

El 75% del territorio panameño es de aptitud forestal (5.6 millones de Hect.), el 25% restante es apto para uso agropecuario, que suman unos 1.89 millones de hectáreas, sin embargo el censo Agropecuario de 2001 dice que el 37.7%(2.77 millones de Hect.) del territorio es usado para actividades agropecuarias, lo que quiere decir que unas 880 mil hectáreas son usadas para actividades ajenas a su naturaleza productiva. El 86% de la población se encuentra concentrada en el pacifico.

El 63% de los predios agrícolas, que cubren el 65,8% de la tierra en uso, carecen de títulos de propiedad y solamente el 23% de los pequeños agricultores tienen título de la tierra que ocupan.

La formación socioeconómica capitalista dependiente en Panamá ha generado el predominio de una desigual distribución de la tierra en términos del estado de propiedad, con predominio de los "derechos posesorios". En el sector agropecuario el 46% de las explotaciones no tiene títulos de propiedad, mayormente en las provincias de Veraguas (unas 314 mil hectáreas), Panamá (unas 237 hectáreas) y Darién (unas 205 mil hectáreas). Otro 19% está bajo régimen mixto, un 1,2% bajo arrendamiento, y sólo un 34% tiene título de propiedad.

Consecuencias de los Programas Agrarios del BM y el BID

En la Doctrina de Ecología de Mercado la cuestión agraria aparece como reforma agraria de mercado, problema que ha venido enfrentando ya hace más de una década otros países empobrecidos.

Este tipo de programa aprovecha las contradicciones en que se ve sumido el propietario posesorio, que en Panamá son la gran mayoría de familias pobres rurales, que dependen directamente de la tierra para su subsistencia.

Con titulo de propiedad el propietario pobre- empieza a vender poco a poco su parcela para sufragar necesidades urgentes como educación, vestido, alimento; lo que no haría una familia con condiciones de vida mínimas. Al intentar salir de sus penurias materiales, poco a poco la familia pobre termina vendiendo todas sus parcelas. Por otro lado, si las familias propietarias pobres entran en proyectos económicos y por lo general fracasan, pierden la propiedad hipotecada. Al final terminan las fincas en manos del sector financiero local, justo donde el BM y afines desean que esté para no tener conflictos sociales a la hora de invertir en proyectos de saqueo de recursos e infraestructuras. Estos son los medios típicos que ocurren con estos Programas para lograr el objetivo central a mediano y largo plazo: concentrar la tierra en manos privadas, finalmente en el sector financiero y oligopólico.

En la declaración final del primer "Encuentro Internacional de los Sin Tierra", en el marco de la Campaña Global por la Reforma Agraria en julio de 2000 en Honduras, delegados de 24 países de Africa, América Latina, Asia y Europa dijeron: "Rechazamos la ideología que considera la tierra únicamente como una mercancía. Observamos con preocupación que las políticas agrarias dominantes e implementadas en el marco del neoliberalismo, pretenden cada vez más sustituir la Reforma Agraria por el mecanismo del mercado de tierras. [...] Queremos manifestar que los gobiernos, cuando no asumen su compromiso con la Reforma Agraria y sólo dejan al mercado como regulador, violan los Derechos Humanos de las familias campesinas que necesitan acceder a la tierra para poder realizar su Derecho a Alimentarse como también sus demás Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos

por el derecho internacional".

Vía Campesina, denunciaba hace unos años esta política agraria en estos términos: "Los beneficiarios típicos no son capaces de generar los ingresos suficientes para pagar los créditos de compra de la tierra si no recibe apoyo adecuado para producir.

Tal como se demostró en el pasado con la aplicación de este modelo en El Salvador, los créditos tienen que ser condonados si no se quiere expulsar a los beneficiarios de sus tierras.

Además de lo anterior, el precio de la tierra ha aumentado en algunos casos a causa de la oferta de créditos estatales. Esta situación se vuelve más aguda en países donde hay escasez de tierras como es el caso de las Filipinas. La supuesta reducción de costos se torna en una mera ilusión pues si aumenta el precio de la tierra, ni el Estado y ni los beneficiarios pueden pagar el proceso de reforma agraria. En casos como en Suráfrica se presenta el problema, adicionalmente a los otros mencionados, de que el modelo de compra y venta voluntaria no está proporcionando suficiente oferta de tierras.

De acuerdo al paragrafo 39 de la Directiva Operacional de Reducción de la Pobreza, la efectiva implementación y operación de la mayoría de proyectos de reducción de la pobreza requiere involucrar activamente a los beneficiarios. La participación activa de los beneficiarios debe incluirse en etapas tempranas del ciclo del proyecto. Sin embargo, en el caso de los programas de reforma agraria de mercado el Banco no está respetando sus propias directivas: Tal como lo ilustra la experiencia brasileña, el Banco ignoró a las organizaciones representantes de los sin tierra y de los pequeños agricultores a nivel nacional y no manejó las negociaciones del proyecto así como su implementación de una manera transparente y participativa.

Las reformas agrarias de mercado están substituyendo a los programas existentes de reforma agraria basados principalmente en la expropiación. Sin embargo, como la evidencia empírica demuestra, en contextos oligopolistas no se puede lograr una redistribución más equitativa de los recursos sin la intervención del Estado. En Guatemala, Colombia, Brasil y las Filipinas, por ejemplo, los institutos de reforma agraria están desapareciendo debido a la falta de recursos mientras que los Fondos o Bancos de Tierras reciben cada vez más presupuesto. Al mismo tiempo, el modelo de mercado le ofrece a los terratenientes la posibilidad de vender tierras que, o bien

serían susceptibles de expropiación, o bien son de mala calidad.

En casos como en Suráfrica, el programa de redistribución de tierras se ha convertido parcialmente en un programa que le sirve terratenientes blancos altamente endeudados para vender tierras de mala calidad. Estos efectos demuestran que las políticas de reforma agraria de mercado fallan en cumplir con las obligaciones legales de los Estados de reformar los sistemas agrarios de manera que garanticen el derecho a una alimentación adecuada."

Como hemos visto ya en la experiencia internacional los programas agrarios del BM, o BID y afines, no son más que un pilar fundamental del Neoliberalismo. A cada región de desarrollo del planeta, las entidades imperiales financieras adaptan la situación de estos tipos de proyectos de saqueo.